Muchos consideran que la compra de antigüedades es algo restringido y selecto, integrado por un grupo escaso de millonarios y museos deseosos de enriquecer sus vitrinas. En realidad, el mercado de arte y antigüedades es un negocio en alza y muy rentable. Infinidad de empresas adquieren arte en todo el mundo, pero también lo hacen pequeños inversores que buscan conseguir altos beneficios y a corto plazo. Con esos fines el mercado de antigüedades egipcias es uno de los más lucrativos: para comprobarlo basta con observar los precios que alcanzaban los objetos faraónicos en las subastas hace unos pocos años y compararlos con los que alcanzan las mismas piezas en la actualidad.

También existe la equívoca idea que el saqueo de antigüedades es algo propio del pasado, ligado a la falta de concienciación de aquellos remotos años en que occidente descubría y se fascinaba por las civilizaciones del pasado. Ahora, efectivamente, existe cierta concienciación, así como una deontología profesional y un marco legal. Teóricamente todo ello debería impedir ciertas actitudes, pero a la hora de la verdad, lo cierto es que no es así: la inconsciencia no tiene castigo penal, el cumplimiento deontológico tampoco es castigado y la legislación es, en definitiva, laxa y poco eficaz. De modo que al mercado de antigüedades le cuesta poco esfuerzo conseguir objetos para alimentar la creciente demanda: saquear es fácil (especialmente en ciertos países) y también es fácil encontrar a alguien dispuesto a expertizar la autenticidad de las piezas haciendo la vista gorda. Y, lamentablemente, todo ello puede hacerse prácticamente con absoluta impunidad.

Hoy, como antaño, coleccionistas, museos y profesionales corruptos, siguen siendo el terrible motor que alimenta el saqueo y el tráfico ilícito. De hecho, los investigadores especializados calculan que aproximadamente el 86% de las antigüedades que circulan en el mercado de Subastas y Anticuarios procede del saqueo directo. Según fuentes como Adrea Rácher e INTERPOL, en Suiza y en España se suelen realizar la mayor partes de las transacciones europeas. También se consideran casi inexistentes los arqueólogos que incluyen entre sus obligaciones morales la idea de ayudar a bloquear el saqueo. Los egiptólogos no se libran del triste ranking de la vergüenza. Parece que se pueden contar con los dedos de una mano, y sobrarían, las denuncias encabezadas por egiptólogos o museólogos especializados, a cuyas manos precisamente suelen ir a parar buena parte de estos objetos (ya sea para tasarlos o exponerlos).

Su silencio o desinterés es colaboracionista con el tráfico ilícito de antigüedades y alienta la destrucción del patrimonio que tienen la obligación moral de proteger; pero incluso algunos de estos profesionales llegan a participar en el tráfico de forma directa, siendo ellos los artífices de ciertas compras y hasta de ciertos robos. Todos recordamos escándalos protagonizados por ciertos miembros de misiones arqueológicas teniendo serios problemas en puertos y aeropuertos al encontrar antigüedades en sus maletas rumbo a Suiza, o, mucho más reciente, las imputaciones que la justicia está realizando sobre diversos técnicos y directores de museos de la Fundación Getty.

Hoy por hoy, el tráfico ilegal de antigüedades compite en el ranking de los delitos que más dinero mueven en el mundo, en estrecha pugna con el tráfico de drogas y el de armas. Así las cosas, una parte de los beneficios del tráfico de drogas y de armas encuentran en el mercado de antigüedades un aliado perfecto para trasmutarse a la legalidad. Las exigencias para esa metamorfosis son mínimas y en ocasiones prácticamente inexistentes. De hecho, la ausencia de legislaciones adecuadas hace que, por ejemplo, sea muy fácil comprar lícitamente en Suiza antigüedades robadas sin tener que dar explicaciones a nadie. Es decir, lo robado se trasforma en legal sin aparente dificultad.

La nueva legislación helvética, que entró en vigor el 1 de junio de 2005, pone teóricamente fin a la protección del anonimato de las personas que venden y compran antigüedades, y multiplica notablemente el número de años que debe esperarse para que una antigüedad robada pueda ser introducida en el mercado. No hay que olvidar que era frecuente que en las aduanas suizas se almacenaran, sin ninguna medida de protección o ambiental, antigüedades de todo tipo y procedencia: egipcias, precolombinas, griegas, romanas, íberas…. Pasado el plazo oportuno esas antigüedades podían ser introducidas legalmente en el mercado, incluso aunque sus legítimos propietarios las hubieran reclamado. Ahora, ese plazo es mayor, lo que supuestamente hace que sea menos atractivo de cara al vendedor, ya que lo más probable es que los beneficios únicamente puedan ser disfrutados por sus hijos o nietos.

Aunque los intentos de mejorar la legislación suiza pueden ser loables, lo cierto es que también resultan insuficientes en muchos aspectos. Lo más sorprendente es que parece que no se pretende evitar el comercio ilegal de antigüedades, el objetivo parece ser más bien dificultarlo (partiendo de la nada, al menos eso ya es algo). Desde la perspectiva de la conservación del patrimonio, además, resulta inquietante pensar que lo que antes podía pasar cinco o diez años amontonado en un lugar inadecuado y en ocasiones destructivo (recordemos lo ocurrido con el Papiro de Judas), ahora sencillamente pueda pasar allí treinta años antes de ser vendido (y aunque su estado pueda ser lamentable, no olvidemos que durante todo ese tiempo su valor económico se habrá multiplicado). Las sagas familiares de galeristas y anticuarios suizos tienen garantizado así un futuro con amplio margen de beneficios. Por otra parte, la nueva legislación únicamente tiene en cuenta los objetos en cuya tasación no se superen los 5000 Francos Suizos; pero eso no es un grave impedimento para los más ávidos negociantes, ya que siempre existirá un arqueólogo que tase por debajo del precio al uso si es necesario y es igualmente fácil conseguir que las facturas no se ajusten exactamente a lo pagado por el comprador.

El paraíso fiscal suizo no escudriña en las finanzas y facilita enormemente las transacciones, y al comprador le sigue resultando rentable adquirir algo de altísima revalorización y sin tener que dar explicaciones sobre la procedencia del dinero con el que se paga. El precio de la transacción a la legalidad, en el peor de los casos, será la diferencia entre lo pagado y el tope legal de 5000 Francos Suizos. Una factura será el pasaporte que hará legal lo robado; una factura será el pasaporte que hará legal lo pagado, venga de donde venga.

Hoy por hoy, en este triste ranking establecido por las investigaciones policiales, se considera que el tráfico de arte y antigüedades es el primero a la hora de blanquear todo tipo de dinero negro. Ante el vacío legal y la impunidad que ello implica, es fácil y triste aventurar que si nadie hace nada por cambiar las cosas, el ranking seguirá dando puntos al tráfico de antigüedades durante mucho tiempo; al menos mientras queden yacimientos por saquear, profesionales a quien comprar, coleccionistas irresponsables, paraísos legales y mercaderes corruptos.

Puede que los retoques en la legislación suiza nos resulten insuficientes y que consideremos que parecen tan sólo un maquillaje superficial. Pero no olvidemos que España ocupa el segundo lugar en el triste ranking del mercado ilegal de antigüedades y que nuestra legislación no ha sido ni siquiera maquillada. Parece que España fue durante mucho tiempo un país de tránsito de antigüedades robadas especialmente encaminadas hacia Estados Unidos y Gran Bretaña, pero ahora su estatus en el triste ranking se ha elevado para convertirse en un país saqueado y  saqueador. Y en España, como en Suiza, también es bastante fácil convertir lo expoliado en legal.